La Armada española se quedará sin portaaviones. El R-11 Príncipe de Asturias
quedará amarrado de forma indefinida, y es más que probable que nunca vuelva a
estar operativo. Defensa estudia deshacerse de él antes de que se convierta en
chatarra, pero la búsqueda de un país comprador se antoja casi imposible.
Vender el Príncipe de Asturias antes de que sea
demasiado tarde. Un objetivo que se plantea como la mejor opción de futuro en
elevados círculos de la Armada, aunque no se confía en que la operación pueda
llegar a concretarse.
De momento, los mandos consultados no tienen
constancia del interés de ningún país por adquirir el único portaaviones de la
Armada. El principal escollo es el amplio coste que supondrá la actualización
del buque. “Al buque le quedan apenas cinco años de vida útil, pudiendo
estirarlos otros cinco con las pertinentes modificaciones” aseguran estas
fuentes.
En concreto, habría que acometer tareas de
renovación de los sistemas de combate, denavegación, y de seguridad interior,
además de los nuevos criterios de habitabilidad previstos en el programa
Cavimar. En total, un importe superior a los “35 millones de euros” según
calculan para ECD las fuentes consultadas.
Estas tareas, que deberían haberse
iniciado hace años, han ido siendo relegadas en cada presupuesto hasta
llegar a la situación actual. Sin dinero para actualizar el buque, el
portaaviones quedará finalmente paralizado este verano. “A partir de septiembre,
a mucho tardar, el Príncipe deAsturias no volverá a salir de puerto”.
Sentenciado desde hace años
Los planes de paralización del Príncipe de
Asturias llevan años circulando por el Cuartel General de la Armada. El futuro
del único portaaviones español “quedó sentenciado el día que la Defensa encargó
el BPE Juan Carlos I”.
La primera idea del Gobierno era que ambos
buques estuvieran operativos durante algunos años, para que “compartiesen
doctrina” aunque el BPE “no sea una plataforma portaaviones” propiamente
dicha.
Estos planes fueron definitivamente descartados
durante la última legislatura de Carme Chacón, cuando la crisis económica
comenzó a afectar gravemente al presupuesto anual de operatividad para la
Armada.
